+Las injusticias de la justicia

sábado, 12 de julio de 2014

Julio E. Gil de Lamadrid radica Interdicto

12 de julio de 2014











A que le teme el distinguido abogado, si el dice toda la verdad y nada mas que la verdad, no tiene de porque preocuparse de un simple LEGO. No le vasta con tratar de quitarme mi casa y ahora se quiere quedar con mi derecho a la libre expresión. Si el distinguido letrado hiciera las cosas bien nada de esto tendría que ser publicado.

Rosendo Rodriguez
Po box 1622
Bayamon PR 00960
787-972-5185

viernes, 9 de mayo de 2014

Abogado Gil de Lamadrid Amenaza



9 DE ABRIL DE 2014




EL LCDO. JULIO ENRIQUE GIL DE LAMADRID PEREZ ENVIA CARTA DE AMENAZA TODO EN VIOLACION A LA PRIMERA ENMIENDA DE LA CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDO DE AMERICA, LIBERTAD DE EXPRESION.
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Sección 4. Libertad de palabra y de prensa; reunión pacifica; petición para reparar agravios.
No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios.
Libre expresión. Se han identificado tres tipos de propiedad pública: (1) aquellos lugares que, por tradición, han sido dedicados a la reunión pacífica y al debate público, tales como las calles, aceras y parques; (2) los foros públicos por designación, es decir, los que el gobierno ha abierto a la actividad expresiva y para propósitos específicos tales como la discusión e intercambio de ideas por ciertos grupos o sobre ciertos temas, y (3) foros no públicos. La protección que se brinda a la expresión en los foros públicos tradicionales no se extiende a toda la propiedad del Estado. Unión Nacional de Trabajadores de la Salud v. Secretario de Salud, RE-91-461 (04/16/93).
El Gobierno tiene la facultad de reglamentar la libertad de expresión de los empleados públicos que laboran en las facilidades hospitalarias que administra, de modo que se promueva la eficiencia del servicio público. Unión Nacional de Trabajadores de la Salud v. Secretario de Salud, RE-91-461 (04/16/93).
En el área de los derechos constitucionales de libertad de expresión y asociación se ha permitido que un litigante ataque una ley excesivamente abarcadora sin requerirle que demuestre que su propia conducta no podría ser regulada por una ley redactada de forma válida. Bajo estas circunstancias a los litigantes se les permite impugnar una ley no porque se están violando sus propios derechos a la libre expresión, sino porque la sola existencia del estatuto puede causar que otras personas que no están ante el tribunal se abstengan de hacer alguna expresión protegida constitucionalmente. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).
El derecho de libertad de expresión no desaparece para un individuo una vez que atraviesa las puertas de una institución correccional para convertirse en un confinado; pero aunque un confinado retiene todos los derechos de un ciudadano común, no puede ejercitar plenamente aquellos que expresamente, o por necesidad, le sean limitados por ley. Op. Sec. Just. Núm. 45 de 1987.

El propósito de esta sección es garantizar la libre discusión sobre los asuntos de gobierno, lo que conlleva intrínsecamente proveer y permitir a todos los ciudadanos de nuestro país examinar el contenido de ciertos expedientes, informes y documentos que constan en las agencias del Estado. Op. Sec. Just. Núm. 4 de 1987.
El reglamento de la Policía y las leyes vigentes son suficientes para atender el proyectado paro de 24 horas como acción de protesta de la Asociación Miembros de la Policía de Puerto Rico, Inc., así como cualquier otra acción incluyendo piquetes, brazos caídos y protestas frente al Cuartel General, comandancias de área o cualquier dependencia gubernamental, pues el derecho constitucional a la libre expresión o asociación no ampara actividades ilegales. Op. Sec. Just. Núm. 50 de 1986.
De todo el sector de los empleados públicos el más delicado en cuanto a la necesidad de disciplina es la Policía, y el interés del Estado en mantener el orden entre los encargados a su vez de mantener el orden social concebiblemente es el más apremiante, pues un piquete de policías, uniformados y armados, con expresiones estridentes y amenazantes, produciría sumo detrimento al interés gubernamental, lo que no puede tolerar un estado mientras no renuncie a lo más elemental de su poder de razón de estado. Op. Sec. Just. Núm. 50 de 1986.
Los derechos constitucionales de libre expresión, asociación y petición garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, equivalente a la Primera Enmienda de la Constitución federal, no son de carácter absoluto y pueden ser subordinados a otros intereses superiores del Estado en ciertas circunstancias en que la convivencia y necesidad pública así lo requieran, por lo que de suscitarse una crisis en el cuidado de la salud de nuestro pueblo, el Estado puede intervenir legítimamente y regular el boicot realizado por la Asociación Médica de Puerto Rico. Op. Sec. Just. Núm. 17 de 1986.
El boicot realizado por algunos galenos, respaldados por la Asociación Médica de Puerto Rico, consistente en dejar de ofrecer sus servicios profesionales a los pacientes, tenía el propósito aparente de lograr influenciar a la Rama Ejecutiva y al Poder Legislativo de Puerto Rico para que se presentaran y aprobaran las medidas legislativas que ellos propulsaban, por lo que en ausencia de prueba de que dichos galenos tuvieran otros propósitos no protegidos, los mismos estaban actuando dentro del marco de protección que les confiere la doctrina Noerr-Pennington . Op. Sec. Just. Núm. 17 de 1986.
Las películas, los libros, las revistas y otras publicaciones, por ser formas de expresión, están protegidos por esta sección. Por tal razón la incautación de una película no puede tratarse de la misma forma que la incautación de armas, drogas, comida adulterada, propiedad robada o evidencia de otros delitos. Pueblo v. Santos Vega, 115 D.P.R. 818 (1984).
Las alegaciones de agentes de la Policía en el sentido de que sus traslados fueron represalias por sus expresiones en relación con la corrupción existente en el Cuerpo, unidas al hecho de que sus traslados fueron efectuados al día siguiente de ocurrir esas manifestaciones, son suficientes para exponer una posible violación del derecho de los demandantes a la libre expresión, de la cual deben conocer los tribunales de justicia como foro original. Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 D.P.R. 205 (1982).
A mayor limitación del derecho constitucional de libre expresión, mayor debe ser el interés estatal que requiere protección y mayor la lesión a ese interés. Rodríguez v. Secretario de Instrucción, 109 D.P.R. 251 (1979).
Es impropio el ejercicio de algunos modos de expresión en lugares como los tribunales, los hospitales, los templos y las escuelas. Id.
La corporación que se organiza con fines políticos está protegida por el derecho de asociación garantizado por esta sección y sus fines son completamente viables dentro del principio de libertad de prensa y de palabra, también garantizados constitucionalmente. Op. Sec. Just. Núm. 15 de 1973.
Tanto en el ordenamiento constitucional de los Estados Unidos como en el de Puerto Rico, los derechos de libertad de palabra y de prensa son derechos humanos fundamentales garantizados tanto a ciudadanos como a extranjeros. Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282 (1971).
Es el propósito principal de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos el prohibir la censura previa de un escrito a ser publicado. Id.
El derecho a la libre expresión conlleva el de ser oído. Mari Eras v. Casañas, 96 D.P.R. 15 (1968).
El derecho a la libre expresión - raíz indiscutible del sistema democrático de gobierno - no supone una irrestricción absoluta, de forma que no pueda subordinarse a otros intereses cuando la necesidad y conveniencia públicas lo requieran. De surgir un conflicto entre dicho derecho y la necesidad y conveniencia pública de subordinarlo a otros intereses, los tribunales decidirán tomando en consideración las circunstancias particulares en cada caso específico. Id.
El propósito principal de la Enmienda Primera de la Constitución Federal - al igual que esta sección - es proteger la libre discusión sobre los asuntos de gobierno. Id.
El derecho de libre expresión conlleva el conceder la oportunidad a los criterios de minoría de ser expuestos en forma efectiva. Id.
Las leyes que en alguna forma limitan el derecho constitucional de la libertad de expresión, deben ser interpretadas restrictivamente a fin de que esa limitación no traspase el límite de lo absolutamente necesario. Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15 (1968); Pueblo v. Burgos, 75 D.P.R. 551 (1953).


LA ORDEN DE REFERENCIA VENCIO EL PASADO 14 DE FEBRERO DE 2014, FELIZ DIA DE LOS ENAMORADOS.


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ROSENDO RODRIGUEZ MELENDEZ
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BAYAMON PR 00960
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martes, 15 de octubre de 2013

ABOGADO GIL DE LAMADRID






15 de octubre de 2013

El  distinguido letrado contrata nueva representación legal a un costo mayor de lo pactado de su antigua representación legal. no obstante desde que radico la quiebra tiene $500.00 en "cash" y no ha sufrido cambios en su petición original. El mago de las finanzas se queda corto en este asunto.





JUNTOS PERO NO REVUELTOS

Rosendo Rodriguez
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jueves, 26 de septiembre de 2013

ABOGADO DEMANDA AL BANCO POPULAR


26 de septiembre de 2013


Resulta increíble que un distinguido letrado que enfrenta una quiebra en la cual se le solicito que contratara representación legal por posible conflictos continúe ejerciendo malabares legales para mantenerse a flote.

El letrado esta remando contra la corriente y en circulo, debiera asumir su responsabilidad personal y pagar las deudas contraídas. 

Sus actuaciones  retrasan la justicia para otras personas  donde sus casos tienen unos méritos increíbles. 

DEMANDA

















sábado, 21 de septiembre de 2013

ABOGADO SE QUEDA SOLO

21 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ABOGADO SE QUEDA SOLO

LA ESPOSA LO GOLPEA


LA HISTORIA ES GRACIOSA

El distinguido letrado de Bayamon, es abandonado por su distinguida esposa en la quiebra que supuesta-mente lo salvaran de no tener que pagar sus deudas contraídas.

Es peculiar creer que la quiebra lo resuelve todo, no obstante eso seria del todo cierto si usted no tiene bienes para responder por sus obligaciones. Este no es el caso de autos.

La Sra. De Jesús Rivera fue liberada de la quiebra que su actual esposo radico, consciente de tener dinero y propiedades que responden por todos los reclamos que las agencias concernientes tienen pendientes.

Lo curioso es que liberan a su actual esposa del pleito y no le informan a ella que su salida del Capitulo 13 la convierte en una persona que responde en su carácter personal por los compromisos contraídos mediante la sociedad legal de gananciales vigente en la actualidad y aun no disuelta.

Aparenta ser que la Sra. no fue informada por sus representantes legales que aunque diga que no hizo lo que hizo, su firma aparece en la compra de los bienes y la apertura de cuentas bancarias que responden por todas las deudas contraídas.

Todo este pleito esta basado el la construcción de una Piscina en la  casa de la sociedad de la Florida y donde ellos vivían y viven junto a sus hijos.

Es acaso que el Tribunal de Quiebras podrá firmar por la Sra. de Jesús Rivera al vender la casa bajo el Capitulo 7 de la ley Federal de quiebras?

SE LO COMIÓ UN CABALLO


TODOS PIDEN JUSTICIA

DENEGADA LA QUIEBRA EL LCDO. TIENE $1,373,978.00

GRACIAS A LOS FEDERALES

EL LCDO. VOLADOR



miércoles, 6 de febrero de 2013

ABOGADO RECIBE PROPUESTA

6  de febrero de 2013


ABOGADO RECIBE GOLPE


El flamante abogado criminalista Sr. Julio Enrique Gil de Lamadrid Pérez  y su esposa la Sra. Matilde de Jesús Rivera recibieron con agrado la solicitud del síndico federal José R. Carrión,  uno de los  monitores  de  las quiebras  bajo el capítulo 13 US Courts  en San Juan de Puerto Rico en su recomendación del día 5 de febrero de 2013 para que la juez a cargo del caso confirme la propuesta enmendada bajo el 11 U.S.C. $ 1325.









SEGUIRÁN SALIENDO LOS FANTASMAS DEL ARMARIO.